Alrededor de 200 personas se manifestaban en Peñíscola en contra de la masificación y los abusos urbanísticos. Los vecinos de la urbanización Las Atalayas convocaron esta manifestación encaminada a hacer oír su voz en contra de lo que consideran se convertirá en una masificación insostenible si se lleva a cabo el proyecto de urbanización de la cima de este monte, en el que "el propietario de los terrenos prevé construir 2.800 viviendas sin hacer una nueva carretera de acceso ni nuevas canalizaciones de desagüe", según denunciaba Mª Paz Rico, presidenta de la asociación.
Los residentes de la zona ya han alzado sus quejas en múltiples ocasiones en contra de lo que consideran un abuso por parte del propietario de los terrenos, que "ha ido urbanizando la zona sin dotarla de los servicios mínimos que requiere". Así y según declaraba Rico, "las carreteras y la red de alcantarillado se ha quedado pequeña para dar servicio a la creciente población de la zona" ya que al principio era una zona residencial y bien urbanizada "pero ahora nos tenemos que ir de nuestras propias casas en agosto porque es insoportable". El número de habitantes totales que tendrá la zona si se construye la urbanización proyectada será de 8.000 personas "un pueblo entero que requiere unos servicios mínimos para no colapsarse como ocurre ahora". Las reivindicaciones también se extienden a otros servicios, como por ejemplo el de correos ya que al tratarse de una urbanización privada, la correspondencia queda depositada en la recepción de la urbanización, debiendo los vecinos acercarse hasta allí para recogerlo.
Este tipo de servicios confían se verán subsanados cuando los terrenos pasen a titularidad municipal en el año 2005, aunque tanto los residentes como el propio Ayuntamiento esperan que sea el actual propietario quien subsane las deficiencias antes de que este hecho se produzca. Rico también destacaba el hecho de que en la manifestación participara gente de toda Europa que tiene su residencia habitual en Las Atalayas "porque les gusta Peñíscola y no quieren que la estropeen de la manera que lo están haciendo".
En el mismo sentido se expresaba Demetrio Onof, otro de los vecinos de la urbanización que añadía que "con la construcción de la urbanización Perla Blanca ya conectaron al desagüe general sus canalizaciones y esto ha provocado la rotura de las cañerías en más de una ocasión por la presión que tiene que soportar", manifestando que no deseaba la construcción de una nueva urbanización en la zona si no se arreglaban estos problemas. La manifestación de los vecinos de Atalayas, que estuvieron acompañados por los del Camí Vell, acabó en el Ayuntamiento, donde depositaron un manifiesto con las reivindicaciones que hacen.
Los organizadores de la manifestación se mostraban satisfechos por la participación ya que «la mayor parte de los propietarios de las Atalayas viven fuera de Peñíscola», afirmó uno de los portavoces de la asociación de vecinos de Monchells, Wolfang Spiess. A lo largo de la manifestación se pudieron oír consignas contra el desarrollismo «salvaje». Según Spiess, no están «en contra del desarrollo de Peñíscola» sino que quieren que «continúe siendo una ciudad bonita, para ello hace falta una planificación urbanística que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes». Después de desfilar por las diversas calles más céntricas, la manifestación desembocó ante el edificio del ayuntamiento, donde se leyó un comunicado. Posteriormente, los responsables de Gobernación, Jesús Figuerola, y Turismo, Rafael Suescun, se reunieron con los representantes ciudadanos con el fin de entregar las firmas que se habían recogido hasta el momento contra el proyecto, cerca de 150. Una vez allí iniciaron una reunión con ambos ediles, encuentro al que más tarde se unió el edil de Urbanismo, que por compromisos personales al igual que el alcalde no se encontraba en esos momentos en el ayuntamiento.
El concejal de Urbanismo Romualdo Forner explicaba a VINARÒS.NEWS que tras la última construcción que realizó el propietario de los terrenos en lo alto del cerro, un impactante edificio, y conocidas las intenciones de éste de edificar en un terreno que le quedaba todavía libre "desde el Ayuntamiento se le instó para que hiciera un PRI que respetara el entorno en el que se encuentra y las alturas marcadas por la normativa para este tipo de edificaciones" que evitara el impacto visual con el entorno de la Sierra de Irta. El promotor aceptó la propuesta del Consistorio y redactó el PRI "que ahora estamos estudiando". Al respecto de la existencia de un informe de los técnicos municipales, Forner declaraba que "lo que existe es un primer informe en el que se le solicita al promotor que se adapte a la normativa y que aporte una serie de documentos" para poder dar aprobación al proyecto dentro de la legalidad que marcan las ordenanzas municipales. En este sentido, Forner ha manifestado que "en estos momentos el Ayuntamiento hace la función de bisagra entre los vecinos y el constructor para intentar que todos tengan sus derechos cubiertos", fomentando el diálogo entre ambas partes para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos.
Por otro lado, el edil de Gobernación, Jesús Figuerola, explicó que la voluntad del consistorio es la de mediar entre los propietarios de los terrenos afectados y la de estos vecinos que se oponen al proyecto: «Existen intereses encontrados y por lo tanto, debemos encontrar un término medio que satisfaga a las dos partes». Según Figuerola, de momento, no existen estudios sobre el impacto ambiental o visual que pueda comportar la urbanización, no obstante advertía que los terrenos «están fuera de la zona de afección del PORN de la Serra d´Irta», y además explicó que el consistorio actuará en base a la legalidad existente.
